Como técnica preventiva, la mediación administrativa disminuye los conflictos sociales y aumenta la confianza mutua a través de la participación de la sociedad civil y de los ciudadanos en las decisiones públicas que les preocupan como pueden ser, por ejemplo, la construcción de una central nuclear en las proximidades de sus casas o pueblos, la protección del medio ambiente, la creación de escuelas y espacios deportivos o el diseño de nuevos planes urbanísticos.
Como técnica de gestión, la mediación administrativa pondera el equilibrio entre el principio de legalidad administrativa y el de buena administración, evita el silencio administrativo a través del diálogo directo y favorece la transparencia del sector público al explicar las actuaciones administrativas a los ciudadanos y a la sociedad.
La incorporación de la mediación administrativa disminuye los costes y reduce los plazos en la resolución de conflictos, repercutiendo su beneficio en la sociedad y en las Administraciones Públicas.
Son innumerables los conflictos que pueden ser gestionados a través de la mediación y de otras técnicas de resolución alternativa de conflictos, como por ejemplo los procedimientos sancionadores, las controversias que surgen en los contratos con las Administraciones Públicas, o todo tipo problemas de relaciones con la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, los Ayuntamientos, corporaciones o entidades de carácter local u organismos públicos.